Sostenella y no enmendalla: precios podemizados.

Entre las más de treinta medidas «económicas» que ha pre-acordado la potencial coalición socio-podemita que el resultado de las elecciones 10N parece haber propiciado (cuya implementación, dicho sea de paso, de llevarse realmente a la práctica, deprimirá inexorablemente la economía española), hemos vuelto a encontrar una que, no por manida, resulta menos inquietante (sobre todo para los menos adinerados): el control de los precios de los alquileres de vivienda (rayadura populista inasequible al desaliento).

Arguyen sus defensores que topando los precios de los alquileres, los ciudadanos deseosos (o necesitados, vamos) de alquilar una vivienda podrán hacerlo por unos precios moderados, asequibles a las rentas más modestas, evitando los pagos abusivos que los propietarios exigen por sus inmuebles. Si se ponen límites a los precios de los alquileres, mucha más gente podrá alquilar una vivienda sin comprometer una parte tan elevada de su renta/salario que no le permite alcanzar otros bienes/servicios necesarios para vivir holgadamente. El argumento es tan atractivo para tantos, que no parecen dudar en «comprarlo», dándole un crédito político … que la Teoría Económica (y los datos empíricos) se niegan a conceder.

Pocos fenómenos económicos generan tanto consenso entre los economistas como la evidencia de la falsedad del control administrativo de alquileres para favorecer la disponibilidad de vivienda a precios asequibles (ver aquí la opinión de unas cuantas docenas de ellos). Casi cualquier manual de Teoría Económica trae a colación el tema del control de alquileres para ejemplificar cómo funciona la ley de la oferta y la demanda. Economistas poco sospechosos de ser abyectos neoliberales como Krugman, Samuelson, Nordhaus o Stiglitz nos muestran los efectos perniciosos que comporta el control de precios de los alquileres, en sus distintas variantes (de controles y de efectos) y los tratados de Microeconomía (por ejemplo, la «Microeconomía intermedia», de Hal R. Varian, de 2015, pp. 1-19) suelen abordar el asunto para poner de relieve que, a igualdad de condiciones, la «tijera de Marshall» siempre se comporta de la misma manera: si fijo el precio de un producto por debajo de su nivel de mercado, su oferta desciende (o se deteriora en calidad, lo que en el medio plazo implica que desciende). Si se controla artificialmente el precio, se produce un desplazamiento a lo largo de la curva de la oferta, disminuyéndose la cantidad ofertada:

Es decir, si se obliga a que el precio disminuya en términos reales (pasando de P₂ a P₁, ofertar ese producto resulta desventajoso y la cantidad ofertada pasa de Q₂ a Q₁  (correspondiendo al cruce con la curva de la demanda desplazada, de la que existe en situación de no control de precios, D_NC , a la que existe en situación de control,   D_C ),  disminuyéndola también. ¡Elemental, querido Watson!.  Pues bien, la propuesta podemizada responde al modelo de curva de la oferta inelástica al precio, en el cual, sea cual sea el precio, la cantidad ofertada es siempre la misma. Es decir, que si el mercado está ofreciendo X unidades al precio Z, bajar ese precio (en términos reales, insistimos), no va a repercutir en la cantidad ofertada (o sea, que ahora Q no va a ser menor que sin control de precios). Semejante disparate se plasmaría gráficamente así:

Como vemos,  O_A pasa a ser prácticamente vertical, y la curva de demanda con control  D_C  se desplaza y la cantidad a ella asociada permanece inalterada con respecto a la situación inicial en situación de mercado no controlado. Fantástico.

Es posible que el día que explicaban este asunto los dirigentes políticos podemizados no fueran a clase (seguro que ahora en Políticas sigue estando en el temario), pero como su fundamento es tan básico, parece improbable que si deciden hacer una propuesta económica del calado del control de precios de los alquileres, no se hayan molestado en comprender la teoría económica subyacente y estudiar los antecedentes empíricos ANTES. Posible, pero improbable. Más bien nos vemos tentados a creer que sí están al tanto y que anticipan las consecuencias económicas y políticas de su aplicación: depresión del mercado privado de alquileres (los propietarios sacan sus inmuebles del mercado o dejan de cuidarlos adecuadamente si están prisioneros de su oferta) y desplazamiento del capital a otros negocios más rentables (que NO necesariamente están dentro del país, ¿saben?). En ese escenario, el alquiler, de subsistir, tiende a transformarse en alquiler público, que es generalmente más ineficiente y que, como obligadamente debe ofertarse a un precio inferior, cubre el diferencial respecto del mercado con transferencias de la Administración (o sea, con fondos públicos que provienen … ¡de los impuestos!, mire usted qué casualidad). Mientras tanto, los beneficiarios de los nuevos alquileres, tal vez agradecidos de resultar subvencionados por el resto de los ciudadanos, pueden votar alegremente a sus benefactores (naturalmente, en el supuesto de que los beneficiarios formen parte del estrato socioeconómico «target», porque, como ya ha ocurrido en otras experiencias de control de alquileres, puede que pertenezcan ya a estratos que no están políticamente a favor del podemismo, qué le vamos a hacer).

Otro día hablaremos de  alguna de las otras sensatas medidas de la élite política podemizada. Si terminan llevándose a cabo, no lo vamos a pasar muy bien, sobre todo si no estamos en alguno de los grupos afortunados que en el corto plazo van a recibir alguna transferencia de renta, pero al menos podremos entretenernos con estas reflexiones socioeconómicas. ¡No todo iba a ser negativo!