Calumnia, que algo queda … o no.

Parece que la proximidad de las elecciones autonómicas de 2023 está animando a las legiones progresistas a denunciar una vez más que el perverso Partido Popular se esfuerza en desmantelar el Estado del Bienestar, en general, y la Sanidad Pública, en particular. De manera especial, centran sus aceradas críticas en el PP de la Comunidad de Madrid, presidida por la malvada Isabel Díaz Ayuso, a la que pintan poco menos que como la siniestra Maléfica del cuento de La Bella Durmiente. Sospecho que la aversión que suscita la lideresa madrileña proviene de su aguerrida combatividad contra todo el amplio espectro izquierdista y, detalle no menor, de sus arrolladores triunfos políticos, que pintaron de azul pepero hasta los más proletarios distritos del otrora rojo Madrid en los comicios autonómicos de 2021.

Sea como fuere, el caso es que el imperecedero mantra “progresista” (¡ejem!) pretende poner de manifiesto que “la Derecha” quiere destruir los servicios sanitarios públicos de la Comunidad, para pasarles el negocio de la salud a las pérfidas empresas privadas y, aunque no lo dicen expresamente, deparar a las “clases populares” (o sea, “los más desfavorecidos”, según el diccionario socialista, o “la gente”, según los podemitas de primera generación) su práctica extinción por la ausencia de tratamiento cuando sufran las más crueles enfermedades. Tremendo … si fuera verdad.

Cuando el observador neutral contempla los magníficos hospitales públicos madrileños, seis de los cuales están dentro de los diez mejores de España (Monitor de Reputación Sanitaria, 2022) y diez están considerados entre los mejores del mundo por especialidades sanitarias (Newsweek, 2023), eso del avanzado estado de descomposición de la sanidad pública madrileña le parece un tanto inverosímil. Pero los corifeos de la denuncia “progresista” señalan, para dar solidez a su implacable crítica, que el gasto público en sanidad por habitante en la Comunidad de Madrid es el menor de todas las autonomías españolas, prueba incontestable, en su opinión, del intencionado proceso de desmantelamiento que los despiadados peperos madrileños, con Díaz Ayuso a la cabeza, están llevando a cabo con el mermado sistema sanitario público de Madrid. Y nos muestran estos datos:

Esto parece dar la razón a los denunciantes, pues el gasto en sanidad pública en Madrid es casi un 20% inferior a la media de las comunidades autónomas. Y resulta especialmente deleznable si se tiene en cuenta que Madrid es la región con mayor renta per cápita por habitante de España, así que si no se destina más dinero a este fin no es porque los madrileños no tienen dinero y bien se podría añadirles una buena carga impositiva para que apoquinaran más y tuvieran una sanidad mejor (sobre todo los “más desfavorecidos”, naturalmente).

Bueno, decía Disraeli que hay tres clases de mentiras: “mentiras, malditas mentiras y estadísticas”, a lo que añadía Churchill que solo se fiaba de las estadísticas que él mismo había manipulado. Efectivamente. Porque si nos quedásemos solo con las estadísticas que nos presentan desde la “alternativa progresista” para gobernar Madrid no podríamos sino concluir que parecen tener razón y que la insidiosa “derecha de Ayuso” lo que pretende es destruir la sanidad pública madrileña (para qué podría querer hacer tal cosa no acaba de concretarse, pero “la Derecha” es malvada por naturaleza, ya se sabe, así que tampoco hay que buscar causas más abstrusas o lejanas: desean hacer el mal a “la gente” y ya está). Pero el caso es que existen otras estadísticas que permiten matizar considerablemente el dato del gasto en sanidad por habitante y que restan poder explicativo a este simple indicador económico/demográfico. Veamos.

Una primera aproximación complementaria al asunto del gasto por habitante y su significado es considerar que en las regiones españolas (comunidades) no solo prestan servicios sanitarios las administraciones públicas, sino también las empresas sanitarias privadas (QuirónHM HospitalesSanitas, etc.), que en el caso de Madrid ofrecen 49 hospitales con 6.750 camas, al lado de los 34 hospitales públicos que ofrecen 14.660 camas, más o menos, de manera que la sanidad privada en Madrid representa el 46% de las camas hospitalarias disponibles en la región. Echemos un vistazo ahora a la nueva estadística matizada con el dato del peso de la sanidad privada por comunidad autónoma:

Ahora esto del gasto en sanidad queda matizado y cambia la óptica: la Comunidad de Madrid arroja un gasto en sanidad privada del 32,7% del total, alcanzando este los 2.416 euros/habitante. Y se aprecia que el gasto total en sanidad de Madrid no ocupa ahora la última posición, sino que aparece en la novena, con una cifra prácticamente igual a la media de gasto del conjunto de comunidades autónomas (2.430 euros). Y si ahora reparamos en el peso porcentual del gasto público y privado en sanidad en las distintas CC.AA., observamos lo siguiente:

Como puede verse, la Comunidad de Madrid presenta el mayor peso del gasto privado en sanidad del conjunto de comunidades (casi 6 puntos porcentuales por encima de la media -18,7%- y casi cuatro puntos más que la siguiente comunidad autónoma en este orden -Navarra, con 20,7%-).

Por otra parte, cuando se estudia la inversión en sanidad pública en la Comunidad de Madrid en los últimos quince años, lo que se observa es que el volumen de la inversión ha crecido consistentemente, con el descenso correspondiente al periodo de la Gran Depresión y el fuerte rebote experimentado a partir de 2014. La tendencia es manifiestamente creciente y una función lineal con pendiente positiva permite explicar casi el 78% del incremento variable de la curva.

Finalmente, si se tiene en cuenta la eficiencia del gasto público, es decir, la relación fines alcanzados/recursos empleados, podemos ver en el gráfico siguiente que la Comunidad de Madrid presenta el máximo valor del índice DEC (Desarrollo/Economía/Cobertura) de los Servicios Sociales para el conjunto de todas las CC.AA., con una puntuación de 2,15, más del doble que la media de 0,84 para ese conjunto. Que sepamos, no se calcula un índice semejante para los servicios de Sanidad en sentido estricto, pero el DEC nos puede dar una idea de hasta qué punto el gasto público puede ser más o menos eficiente con cierta independencia del volumen de gasto propiamente dicho.

En definitiva, la idea de que el PP es un partido “neoliberal” con una malévola intención de acabar con los servicios públicos, para beneficio de las empresas privadas y perjuicio de “los más desfavorecidos”, no parece contar con suficientes pruebas empíricas que la avalen, al menos en el plano estadístico. En realidad, el PP es más bien un partido socialdemócrata de derechas, más conservador que liberal, y eso incluso con reparos, habida cuenta de que prácticamente ha asumido todos los principios morales e ideológicos de la “izquierda”, quizás con la excepción de la defensa de la propiedad privada, y que la principal diferencia que le gusta exhibir respecto a la “izquierda” es que “gestiona mejor la Administración”. Y probablemente sea cierto, ya que sus filas se nutren con mayor frecuencia de gestores de empresa que sus rivales socialistas y asimilados y eso les procura un mejor bagaje técnico para manejar la “economía social de mercado”.

Como hemos podido ver en los datos aquí expuestos, hay CC.AA. como Castilla y León o Galicia, gobernadas por el PP, que gastan más dinero por habitante y presentan un porcentaje mayor en gasto en sanidad pública que CC.AA. como Castilla-La Mancha o La Rioja, gobernadas por el PSOE, de manera que no hay una correlación manifiesta entre el color político del gobierno autonómico y el gasto público per cápita en sanidad. Atender solamente a las cifras de gasto sin considerar otras variables, de índole demográfica, como el envejecimiento de la población y su índice de juventud, o de tipo socioeconómico, como la renta per cápita disponible, es un error de principiante que lleva a conclusiones erradas.

En Madrid, no solo se cuenta con una población relativamente joven, menos envejecida que en otras regiones, menos dispersa geográficamente y con mayor nivel medio de renta familiar disponible, sino con una red de sanidad privada de primera categoría que complementa muy notablemente la pública, haciendo menos necesario un mayor volumen de gasto de la Administración que en las circunstancias contrarias. A ello habría que añadir, por lo que parece, una mejor gestión de los recursos disponibles para prestar servicios sanitarios a la población que los requiere.

Es evidente que la Sanidad Pública se utiliza políticamente por las fuerzas opositoras al gobierno de Isabel Díaz Ayuso con objeto de menoscabar su imagen e intentar obtener réditos electorales. Los servicios sanitarios públicos presentan carencias constatables para una demanda que crece continuamente, no solo por la exigencia de más y mejores prestaciones, sino también por el incremento de población que consume dichos servicios (especialmente perteneciente a los estratos socioeconómicos más bajos, nutridos por una notable porción de inmigrantes en los últimos lustros). Si la demanda crece más rápido que la oferta, es lógico que se produzcan desajustes importantes entre ambas. El problema se agudiza, lógicamente, si el precio aparente de estos servicios tiende a cero, pues su demanda, inversamente, tiende a infinito (elemental e inexorable ley económica).

Casi todas las CC.AA. sufren este mismo problema en mayor o menor grado, pero solo en algunas parece que la presión política (en forma de protestas, paros y huelgas) se manifiesta abiertamente. No hace falta mucha perspicacia para maliciarse que el color político de los gobiernos autonómicos, vinculados con diferente intensidad a los sindicatos generales y gremiales, es una variable que tiene cierto peso en la explicación de este curioso fenómeno. El exceso de demanda se produce sobre todo en la atención primaria, por razones obvias, pero también se utiliza por parte de las fuerzas políticas opositoras el exceso de demanda en la atención especializada. Y en este ámbito concreto, los servicios sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid muestran una fortaleza en términos comparativos que desbarata la crítica interesada: como se puede ver en los siguientes gráficos, que muestran los tiempos de las listas de espera para ser atendido por un especialista y para ser intervenido quirúrgicamente.

Como puede verse, la Comunidad de Madrid presenta la tercera mejor posición en días de espera para recibir la atención de un especialista y la segunda mejor posición para someterse a una intervención quirúrgica. Datos que redundan en una valoración más bien positiva de los servicios de sanidad de la Comunidad de Madrid y que desvirtúan la solidez y veracidad del eslogan político de que su gobierno, presidido por la abominable Isabel Díaz Ayuso, tiene en su agenda la devastación de la Sanidad Pública de la región.

Claro que los buenos propagandistas conocen bien y hacen suyo con frecuencia aquel viejo adagio “Calumnia, que algo queda”. Saben por propia experiencia, acreditada con los recientes triunfos de la presidente Ayuso, que no siempre funciona, pero deben pensar que por intentarlo que no quede …