¿Evitar la bola de nieve?: renta universal o ingreso mínimo vital

«La corrupción es como una bola de nieve: una vez que empieza a rodar, seguirá creciendo» (Charles C. Colton)

En estos tiempos de tribulación e incertidumbre casi puede pasar cualquier cosa, sobre todo si depende de la acción del gobierno, que no parece que tenga muy claro qué hacer (¡qué diría Lenin, guys!). Pero todo anima a pensar que la propuesta socialpodemita de instituir una suerte de nueva asignación dineraria para los “económicamente desfavorecidos” será una realidad más pronto que tarde. La intención resulta en principio loable (ya lo era antes, pero ahora, con el panorama de destrucción masiva de empleo debida al cese de la actividad de muchas empresas por la pandemia, lo es más). Mucha gente va a quedar seriamente perjudicada en su economía, al menos en el corto-medio plazo, y si hay capacidad real de socorrerla parece un imperativo moral hacerlo (y no solo moral: por razones obvias, a nadie conviene que haya una cantidad muy grande de personas sin recursos mínimos para subsistir).

En sociedades con un volumen de riqueza global muy superior al de mera supervivencia, como son las occidentales en general, difícilmente puede objetarse la pertinencia de que se proporcione a las personas que no tienen los recursos mínimos para cubrir las necesidades básicas una ayuda que les evite el hambre, la enfermedad común y la intemperie (calamidades que padecen muchos en las sociedades más pobres), e incluso célebres liberales como Hayek (véase Derecho, legislación y libertad: El espejismo de la justicia social) o Friedman (véase Capitalismo y Libertad) eran receptivos a estas prácticas asistenciales.

Y así, la gente corriente en nuestro país es favorable a asistir a los más pobres, a los “desamparados”, de modo que básicamente casi todos están de acuerdo con que una parte de la riqueza general se destine a este fin. Algunos (muchos) piensan que esa asistencia deber ser estructural, permanente y oficial, institucionalizada. Otros (menos) piensan que la ayuda debe ser eventual, temporal y no necesariamente proveniente del Estado (aunque puede serlo). También otros creen que la asistencia a “los más desfavorecidos” debe ser de ambas clases. Con las tres posturas se cubre prácticamente el espectro completo de visiones de la ayuda “social”: desde los comunistas hasta los libertarios, pasando por los socialdemócratas y los demócratas cristianos y conservadores.

Pero hay dos formas básicas de concebir esa “renta mínima”: como un ingreso para todos (“suficiente”) o como un ingreso solo para algunos. Las dos formas gozan de numerosos y esforzados defensores (véase aquí). Quienes defienden que esa renta sea para todos los ciudadanos proponen una suerte de subvención generalizada que, digamos, permita pagar una vivienda (los sofistas prefieren decirle “solución habitacional”), tres comidas al día, vestuario corriente y, eventualmente, dinero de bolsillo para gastos cotidianos comunes (ocio y entretenimiento y relaciones sociales y aseo, deporte y similares). Se supone que a partir de ahí algunos ciudadanos pueden obtener ingresos extras para que su comportamiento económico sea de mayor nivel (comida exquisita, vivienda unifamiliar, ocio sofisticado, etc.). Naturalmente, a unos y a otros se les proporciona también asistencia sanitaria ilimitada y educación de cualquier nivel que se precise para cada persona.

Quienes defienden que esa renta sea solo para algunos ciudadanos, los pobres (o sea, todos aquellos por debajo de un determinado nivel de renta o ingreso, variable con el nivel de riqueza general de una sociedad), proponen más o menos lo mismo que los anteriores, pero limitada a un grupo social determinado. Así, si usted tiene un trabajo “suficientemente” remunerado o posee bienes inmuebles o rentas de la propiedad o del capital o alguien (por ejemplo, sus padres) los tiene y los comparte con usted, usted no recibe esa renta mínima, porque con la que dispone ya goza de un nivel igual o mayor que el que proporciona dicha renta. Puede que a eso se le añada el libre acceso a una asistencia sanitaria ilimitada y a una educación de cualquier nivel precisado … o no.

Ambas modalidades de “renta mínima” están ya proporcionadas, en mayor o menor medida, en las sociedades que disponen de un estado del bienestar desarrollado: los países occidentales, mayormente (pero también otros: véase el esclarecedor Factfulness de Rosling). Algunos países están muy cerca de la primera modalidad y otros más bien cerca de la segunda. Y el que estén en una u otra depende fundamentalmente del PIB/cápita alcanzado y, en menor grado, del sistema sociocultural vigente en cada país. La economía del bienestar ha producido una ingente literatura que aborda estas cuestiones prolijamente, con datos, casos, series cronológicas y presupuestarias y discusiones fiscales sin fin, así que no nos detendremos en abundar en ellas en este espacio limitado (aunque el ¿Qué leches es el Estado del Bienestar?, de Sánchez Salinero, o el Mitos y realidades del Estado de Bienestar, de Muñoz de Bustillo, pueden acercar al neófito a la actualidad de la cuestión desde distintas perspectivas).

El asunto clave en este tema es que en ausencia de recursos ilimitados (o sea, en la realidad), la garantía de ingresos “suficientes” para todas las personas, incluso en las sociedades “ricas” (¿como la nuestra?), se torna problemática. No solo porque el concepto “suficiente” es polisémico, sino porque dotar de tales ingresos a todas las personas ha de hacerse a costa de retirar recursos para otros fines. La “renta mínima asegurada” o “ingreso mínimo vital”, o como quiera llamársele, se plantea porque no todas las personas disponen de tal renta, de manera que, para que dispongan de ella, ha de sustraerse de la riqueza general, que en un momento determinado ha de considerarse como una cantidad fija (si se quieren más cañones, hay que disfrutar de menos mantequilla, que dirían los clásicos). Pero aquí se presentan dos posibilidades: que la renta garantizada sea para todo el mundo o que la renta garantizada sea para unos pocos (los “pobres”). En el primer caso, una renta para todos, si es de la misma cuantía y concedida por el mero hecho de ser ciudadano, no es más que un cambio de escala, un cambio de unidad de medida utilizada para medir la renta o el ingreso, como puede apreciarse intuitivamente en el siguiente gráfico:

Nota: Valores en escala aritmética

Es decir, en la escala que comienza en 1 la distancia entre la renta o ingreso real de V₁ y V₂ es de una unidad de renta o ingreso, pasando de 2 a 3 el primero y de 1 a 2 el segundo. Si se proporciona una cantidad fija e igual a V₁ y V₂, aparentemente ambos ganan una unidad de renta o ingreso, pero la distancia real entre los dos sigue siendo la misma (esa unidad añadida). Podría parecer que tanto V₁ como V₂, aunque siguen manteniendo la misma “distancia de renta”, ganan una unidad, pero el hecho de que la renta o ingreso total, V_T, pase de 1 a 2 solo en términos nominales, no reales (no se crea riqueza, solo se trasvasa) hace que las ganancias de V₁ y V₂ sean solo aparentes y no efectivas: no solo la distancia de renta entre ambos sigue siendo la misma, sino que en su valor real sus posiciones permanecen inalteradas. Mutatis mutandis, la emisión de dinero sin respaldo real produce en último término solo inflación: parece que tengo más riqueza, pero a efectos prácticos mi poder de compra no se altera.

En el segundo caso, el de la renta garantizada o ingreso mínimo solo para “pobres” sucede algo distinto, como puede verse en el gráfico y las ecuaciones siguientes:

A es la parte de renta o ingreso de la que dispone la población “pobre” y B la que dispone el resto de la población, partiendo de la base de que en un momento determinado la riqueza total es una cantidad fija, T, de modo que:

donde V_T es la riqueza total y V_A y V_B la que disponen las dos poblaciones citadas, respectivamente. Por consiguiente, y la única manera de que A incremente su renta o ingreso en términos reales, siendo entoncesy pasando del estado V_A al V´_A, es que disminuya la renta o ingreso de V_B . Es decir:

En este caso, pues, sí se produce un aumento real de la renta de la población de “pobres”, puesto que no tiene lugar un simple cambio de escala (la ganancia de renta es real), pero se produce a costa de que la renta de la población B sea menor. La renta mínima para la población A se lleva a cabo mediante una transferencia efectiva de renta (proveniente de la otra población, B, que es el resto de la sociedad).

Este último supuesto puede contemplarse como un mero “reparto de la riqueza”, pero sus efectos no son inocuos: la población B no es homogénea en su distribución de riqueza y su zona baja apenas difiere de la A y su zona alta es de muy pequeño tamaño y los tipos impositivos, aun siendo muy elevados, no son capaces de extraerle un volumen muy considerable de renta (en el ejercicio de 2017 solo el 4% de los declarantes del IRPF ganó más de 60.000 euros brutos y solo el 0,5% ganó más de 150.000; solo 800.000 personas ganaron más de 60.000 euros/año). Los contribuyentes con rentas superiores a los 60.000 euros aportan aproximadamente 25.000 millones de euros/año y es difícil extraerles una cantidad considerablemente superior de dinero sin mermar su consumo, desincentivar su trabajo y motivar su huida fiscal.

En definitiva, una renta mínima generalizada no servirá para nada en términos reales y una renta mínima limitada a los más pobres debe implicar un gasto posible, no ideal. En el segundo caso, todo depende del volumen de dinero que implique la renta mínima aludida para que ponerla en marcha sea asumible fiscal y económicamente por la población, sin provocar efectos peores que los males que se desean corregir. Si, como se ha estimado (ver aquí), la perciben unos cinco millones de personas, su coste alcanzaría unos 5.500 millones de euros/año, que pasarían a unos 3.500 efectivos al descontar otras prestaciones (según los cálculos del Mº Trabajo).  O sea, un 0,3% del PIB actual y un 1,1% del actual presupuesto del Estado y sus OO. AA. No parece una cantidad desmesurada, pero aumentará el déficit público y, si es estructural (consolidado a futuro), constituirá otra partida más en la abultada cuenta del Estado a soportar con impuestos. Por otra parte, en la situación económica actual y a corto plazo, es muy posible que el número de beneficiarios estimado (5 millones) se quede corto y este gasto en renta mínima se multiplique.

En un escenario de recesión económica, con la actividad empresarial muy deprimida, elevada tasa de paro (temporal y efectiva a fin de año), gasto social creciente (sobre todo por pensiones: casi 10.000 millones de euros/mes) y caída de la recaudación por impuestos en todas sus modalidades, asumir otro gasto estructural de esa magnitud se antoja complicado. Además, y tal vez sea esta una de las consideraciones más oportunas en este momento, las prestaciones de tipo dinerario generalmente son ineficientes (costes transaccionales considerables) y favorecen las corruptelas, tanto en el pagador como en los receptores.

La depresión que apenas acaba de comenzar va a dejar a muchas personas fuera de la actividad productiva y sin rentas, sobre todo las provenientes del trabajo, de modo que inevitablemente va a haber que prestarles asistencia económica para que puedan sobrellevar esta etapa (de curso abierto y sin final claro). Esto va a implicar inexorablemente una transferencia de rentas, desde los que las tienen, en diversa cuantía, a los que han dejado de percibirlas. Naturalmente, una parte de esas transferencias pueden ser voluntarias, en forma de aportaciones o ayudas directas de particulares a particulares (las entidades no lucrativas pueden entenderse, grosso modo y a estos efectos, como “particulares”). Pero otra parte, probablemente la más gruesa, provendrá del Estado (de todas las administraciones públicas), que, no se olvide, se nutre de impuestos. Y no sería ciertamente una novedad, pero tal vez cabría volver a plantear que la asistencia a los “pobres”, los de antes y los nuevos, se haga en un formato no estrictamente dinerario: prestaciones en especie (comida, vestido, etc.), con bonificaciones, impuestos negativos y suspensión temporal de cuotas sociales a empresas y trabajadores (ver aquí). Son formas de ayuda, igualmente compasivas, que presentan indudables ventajas en cuanto a costes transaccionales, dinamizan la economía productiva, reducen el fraude, personalizan la asistencia y dificultan la corrupción. Y si además se limitan temporalmente, de manera que solo duren el plazo estrictamente necesario para que los individuos superen una situación especialmente difícil, sin convertirse en otra factura permanente más para los ciudadanos, sus virtudes se acrecientan.

Este formato de ayuda tiene, sin embargo, una indudable desventaja … para los políticos, que obviamente verían disminuir su capacidad de maniobra sobre los contribuyentes/electores, ya que aminora su discrecionalidad en la concesión de fondos públicos y les dificulta muy considerablemente su margen para conseguir colectivos cautivos. Este formato menos intervencionista robustece una economía más basada en la oferta que en la demanda y eso a los políticos socialistas de todos los partidos les da alergia. Pero los tiempos que vienen son malos y hay que dinamizar todas las energías y todos los recursos para aprovecharlos al máximo, y dispersarlos con subvenciones ineficientes seguramente no es lo más adecuado para ese fin: tal vez es mejor tratar a la gente como si fueran adultos responsables y poner la economía por encima de la política. Es muy probable que así nos vaya mejor a todos y se salven más personas del desastre.