Con frecuencia se oye que la migración de personas es un fenómeno natural que no solo debemos contemplar con normalidad sino valorarlo muy positivamente, ya que está pleno de ventajas de todo orden. Los “migrantes”, nos señala el relato oficial (antes se decía “el discurso”, pero hoy el término está demodé -será por sus resonancias marxistas, supongo), aportan variedad cultural, perspectivas vitales distintas, sangre nueva … y una muy estimable fuerza de trabajo de complemento y reemplazo. Esto último, se arguye enfáticamente, porque a ver si no es por los “migrantes”, se dice, cómo vamos a reponer una demografía envejecida y cómo vamos a cubrir los puestos de trabajo que se necesitan cubrir para que funcione la economía y se cree riqueza y desarrollo humano. No suena mal, en principio, porque parece razonable, pero analicemos esta repetida idea-fuerza de la bondad de las migraciones con un poco de detenimiento.
En primer lugar, conviene matizar eso de los “migrantes” para entender mejor este asunto de la movilidad demográfica, que es como lo llamábamos cuando De Miguel nos enseñaba Sociología de la Población. Los movimientos migratorios aluden a cuando las personas o los grupos de personas van de residir de un sitio a otro por diversas razones, generalmente sociológicas (factores económicos, culturales y políticos suelen explicarlo), pero esos movimientos se conciben como de dentro a fuera de un país, región o cualquier otro ámbito geográfico o como de fuera a dentro: en el primer caso, se define ese movimiento como “emigración”, y en el segundo, como “inmigración”. Así que hablar simplemente de “migrantes”, que suena aséptico y apropiado para describir lo que hacen las grullas en invierno, por ejemplo, es poco preciso para definir lo que hace la gente que se marcha de su país y se va a otro. Y en España, en concreto, que nuestros jóvenes “migren” a Alemania (o sea que emigren) tiende a verse como un problema, por aquello de la pérdida de capital humano, pero que los africanos “migren” a nuestro país (o sea que inmigren) no tanto. Incluso el común de los naturales lo valora entre estupendo y aceptable, pasando por la indiferencia. En todo caso, si de analizar el posible efecto de los que migran a España se trata, lo correcto es hablar de “inmigrantes”, porque en general los que aquí vienen no es para hacer turismo, como de paso para comer una paella o hacer unas compras, sino para quedarse (al menos un rato largo).
Aparte de eso, que no es una mera cuestión terminológica, la inmigración es un asunto serio y constituye una compleja problemática. Que además sea un problema es algo que hay que estudiar y sopesar detenidamente. Y a ser posible con datos y considerando la cuestión en el medio y largo plazo. Obviamente, no habría caso si los inmigrantes sumaran una discreta cantidad de personas sin repercusión sociológica en la andadura normal del país, pero si alcanzan cifras de varios millones la cosa cambia: existen evidentes efectos sociales y económicos de considerable magnitud que, al menos potencialmente, no resultan inocuos. Los efectos de carácter sociocultural son importantes, especialmente si los inmigrantes provienen de lugares en los que los usos y costumbres poseen rasgos acusadamente diferentes de los que rigen en España de manera general (el relativismo imperante ha difuminado buena parte de los rasgos nacionales, pero aún existen formas sociales, eventualmente respaldadas por las leyes, que distinguen nuestra cultura de la de otras geografías digamos menos “avanzadas”). Pero de estos efectos no me voy a ocupar aquí, pues son los de tipo económico a los que ahora voy a prestar atención, ya que por su naturaleza resultan más objetivables y menos sujetos a la mera opinión.
El principio fundamental que esgrimen quienes defienden a ultranza la inmigración, incluso masiva, como la que actualmente se produce en nuestro país, es que toda esta gente que viene a España procura una importante e indispensable aportación a la economía nacional: aumenta el PIB, incrementa los flujos de renta, dinamiza el consumo y contribuye notablemente al sostenimiento del sistema de bienestar social. Las tres primeras apreciaciones parecen evidentes, pues en la medida que desempeñan tareas productivas y gastan dinero en servicios y bienes de consumo generan réditos para la economía nacional. Esto es en parte cierto aún en el caso de los inmigrantes ilegales o irregulares, ya que la mayoría se ocupa en alguna clase de trabajo remunerado y gasta un dinero en el país y por consiguiente paga los impuestos directos que gravan los bienes que consumen.
Lo que resulta más dudoso es que la inmigración contribuya en términos económicos positivos al sostenimiento del sistema de bienestar social. Los inmigrantes ilegales en muy poca medida lo hacen, si no es con el ya mentado pago de impuestos directos al consumo, porque es evidente que por las propias características de sus actividades laborales, si las realizan, no pagan cotización alguna a la Seguridad Social, ni por supuesto saldan impuesto a la renta, pero los inmigrantes legales son equivalentes a efectos económicos a los autóctonos, pagando impuestos de toda clase y efectuando sus correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social. Como además la gran mayoría son personas jóvenes o menos jóvenes, no perciben pensiones contributivas ni las van a percibir en el corto/medio plazo, y por eso mucha gente afirma que han venido a España “a pagarnos las pensiones”. A primera vista, esa conclusión parece acertada, ya que en una cuenta rápida si alguien, además de activar la economía, aporta dinero a la Seguridad Social y no consume sus prestaciones, lo que está haciendo es sumar más que restar y, consiguientemente, su saldo socioeconómico es positivo. ¿Es esto así y por tanto la inmigración es una fuente de riqueza que conviene mantener e incluso fomentar? Veámoslo.
Por un lado, en el gasto en el sistema de bienestar social no solo hay que computar la Seguridad Social (aunque esta es la partida más abundante), sino también el gasto en Educación (que puede entenderse como una forma más de protección social) y en Sanidad. En este último apartado el impacto de un inmigrante estándar es relativamente menor, ya que, siendo una población predominantemente joven, su gasto sanitario medio es inferior al del promedio de la población nacional (si bien el que comportan los cuidados de los infantes, al presentar los inmigrantes una fecundidad media superior a la de los nacionales, no es despreciable). El gasto medio en Educación obligatoria en España ronda los 7.000 euros/alumno en 2022 (y es de unos 5.700 euros/alumno en la Primaria), según el INE y el Ministerio de Educación. Y entre 3 y 16 años, que es el rango de edad en que los niños suelen estar escolarizados, hay en España en 2025 unos 890.000 niños extranjeros (los nacidos fuera de España son algo más de cien mil menos, pero los nacidos de padres extranjeros conservan la nacionalidad de estos, por lo que la anterior cifra es indicativa de su origen foráneo). Si multiplicamos 890.000 por esos 7.000 euros que cuesta cada plaza en la Educación pública, el resultado es de 6.230 millones de euros/año, que es una estimación aproximativa de la factura del capítulo educativo de la población inmigrante en nuestro país, porque no sabemos exactamente cuántos niños de esos 890.000 disfrutan de educación pública, si bien presumimos razonablemente que serán la gran mayoría por razones económicas obvias (retengamos esa cifra de gasto para posteriores cómputos).
El gasto público sanitario medio por habitante en España es de aproximadamente 2.200 euros/habitante, a la altura de 2024 (Datosmacro), de manera que los también aproximadamente siete millones de inmigrantes legales que residen en nuestro país gastan en total unos 15.400 millones de euros/año (de los aproximadamente 110.000 millones euros/año que alcanza el gasto público sanitario en la actualidad -en torno al 7% del PIB). Pero, probablemente, el gasto público medio en sanidad de los inmigrantes es inferior al gasto de los nacionales, ya que esta clase de gasto es mayor en los menores de dos años, mucho menor en las personas entre los 15 y los 44 años y mucho mayor entre los mayores de 65 años, y como la mayoría de la población inmigrante se concentra entre los 20 y los 40 años (representan, en 2025, el 16% aproximadamente de la población residente en España entre 1 y 15 años, pero el 22% de la que tiene entre 20 y 24 años, el 33% de la que tiene entre 25 y 29 años, el 35% de la de entre 30 y 34 años y el 32% de la de entre 35 y 39 años, descendiendo a cifras de entre el 8% y el 2% para los mayores de 65 años), en estas edades jóvenes el gasto sanitario posiblemente es reducido, apreciablemente inferior al citado gasto medio de 2.200 euros habitante. Los inmigrantes ilegales o irregulares alcanzan en 2025 un volumen estimado de unas 750.000 personas (según Funcas, aunque por sus propias características es difícil conocer la cifra real con precisión), que consumen probablemente pocos servicios públicos al carecer de afiliación formal, aunque, posiblemente, su gasto sanitario tiene alguna importancia porque pueden recibir atención médica de urgencias y en caso de enfermedad grave, o de mayor alcance incluso cumpliendo ciertos requisitos (poco exigentes, como estar empadronado en algún municipio español).
Pero vayamos al apartado de la Seguridad Social, que es el gasto público de mayor entidad (unos 200.000 millones de euros/año: algo más del 40% del gasto público total y cerca de un 20% del PIB español). En este capítulo es donde se sustancia la ecuación que permite determinar si efectivamente la contribución económica de los inmigrantes arroja un saldo neto positivo (y, por consiguiente, la inmigración es benéfica) o si su saldo es negativo (y, consecuentemente, debe limitarse a un nivel que no resulte económicamente lesivo para el país). La mayor parte de la contribución de un agente económico al sistema de la protección social en España es vía cotización a la Seguridad Social. Como desde hace más de diez años las cuentas de la Seguridad Social presentan déficit, es necesario alimentarla con transferencias del Estado, con impuestos, vamos, pero todavía el 70% aproximadamente del gasto proviene de cotizaciones de trabajadores y empresas, siendo estas últimas las que aportan en torno a un 80% del total del ingreso. Esto significa que los trabajadores aportan cerca del 20% de los cerca de 140.000 millones de euros que provienen de las cotizaciones (Seguridad Social, 2025), o sea, unos 30.000 millones de euros. Los otros 60.000 millones de euros que hay que inyectar para cubrir el déficit provienen de los impuestos directos e indirectos que recauda Hacienda cada año, mecanismo impositivo con el que el Estado ingresa unos 300.000 millones de euros (2025).
De esos 300.000 millones, el 45% aproximadamente se recaudan vía IRPF, algo más del 30% se obtiene vía IVA y un 12% vía Impuesto de Sociedades (el resto procede de impuestos especiales y otros impuestos peculiares). A esa cifra de 300.000 millones habría que sumar los aproximadamente 20.000 millones de euros que recaudan los ayuntamientos y los cerca de 3.000 que recaudan las autonomías con sus llamados impuestos propios (como IBI y Sucesiones, respectivamente, por ejemplo).
Con este panorama de recursos de la Administración, podemos preguntarnos en cuánto contribuyen los inmigrantes y cuánto gastan en prestaciones, para hacer la cuenta que permitiría saber si su saldo fiscal neto es positivo o negativo. Y lo cierto es que resulta complicado establecer con exactitud cuál es el ingreso y cuál es el gasto de la población de inmigrantes en su conjunto. No existe en nuestro país, al parecer, un estudio específico que permita concretar una respuesta taxativa a esta cuestión, pero puede estimarse razonablemente bien a partir de algunos datos.
En primer lugar, hay que señalar que la gran mayoría de las personas inmigrantes desempeñan trabajos con bajo valor añadido y por consiguiente reciben salarios igualmente bajos (un 25% de media por debajo de los autóctonos) y consecuentemente sus cotizaciones a la Seguridad Social son también de bajo nivel. Y así la base de cotización media de los trabajadores autóctonos es un 20% superior a la de los trabajadores inmigrantes (2.275 euros vs. 1.798, en 2024, según el Ministerio de Inclusión, S.S. y Migraciones).
Este fenómeno es coherente con el hecho de que mientras que la renta media neta per cápita de la población española es de más de 16.000 euros la de la población inmigrante es de unos 11.000 euros (INE, 2024), dato que puede complementarse con el de la renta mediana, que para los autóctonos es 20.817 euros por unidad de consumo y para los extranjeros no UE es de 9.045 euros (INE, 2024).
Los anteriores datos de renta, ingreso y cotización son compatibles con la estructura ocupacional de los inmigrantes, que como ya he mencionado se emplean mayoritariamente en trabajos de baja cualificación (y asociados en general a bajos salarios), como puede verse en esta tabla (INE, 2023 T4):
Los datos disponibles no ofrecen, al parecer, el número de trabajadores inmigrantes que obtienen salarios inferiores a los aproximadamente 16.000 euros /año que eximen de tributar por el IRPF, pero habida cuenta de que el salario medio de los trabajadores inmigrantes de África, América y otros países no UE es de unos 18.000 euros brutos por año (frente a los aproximadamente 28.000 de los autóctonos, INE 2023), cabe suponer que una gran mayoría de ellos bien está exento de tributación, bien satisface este impuesto con un pago muy modesto.
El gráfico que reproducimos a continuación corrobora esta apreciación:
Sin embargo, la cifra precisa en millones de euros con los que los inmigrantes contribuyen a la Seguridad Social es difícil de conocer. Nuestra búsqueda en las páginas de la propia Seguridad Social, en la Agencia Tributaria y en el Ministerio competente no tuvo éxito en ese sentido. Hay un estudio de la UGT (“TrabajoLibreDe Bulos”) dado a conocer en junio de 2023 que señala que aproximadamente un 10% del presupuesto de la Seguridad Social proviene de las aportaciones de los trabajadores inmigrantes y de cuotas de las empresas que los contratan, aunque no especifica de dónde saca ese dato. Pero dándolo por bueno, ese 10% representa unos 14.000 millones de euros en 2025 (o sea, 140.000 * 0,10). En el mismo informe se apunta que los ingresos del Estado por IRPF que provienen de las tributaciones de los inmigrantes representan en torno al 4,5% del total (que tampoco se explica cómo se obtiene), es decir, sobre la recaudación por este impuesto en 2025 (unos 135.000 millones de euros) ese 4,5% supone unos 6.100 millones de euros. Ambas aportaciones, por cotizaciones a la Seguridad Social y por IRPF, suman aproximadamente 20.000 millones de euros, que sería la cifra total con la que los inmigrantes contribuyen de manera directa al sostenimiento de las cuentas del Estado. Y si les sumáramos su parte alícuota de los ingresos por IVA, como sugiere el antes citado informe, sobre la cifra de unos 27.000 euros por hogar con sustentador principal extranjero para 2024 (INE) y multiplicando esta por los aproximadamente 2,5 millones de hogares de extranjeros que hay en nuestro país (INE), entonces 27.000 * (2,5*106) * 0,21 (tipo corriente del IVA) = 14.175 millones de euros. Hay que apuntar aquí, no obstante, que los inmigrantes envían remesas dinerarias a sus países de origen por importe de unos 11.500 millones de euros por año (Banco de España, 2025), de modo que esta cifra del gasto y de los correspondientes ingresos del Estado por IVA probablemente debería aminorarse considerablemente, pero no vamos a descontar ahora una estimación de la repercusión de las remesas en la cuenta de la aportación fiscal de los inmigrantes.
La adición de las anteriores cifras correspondientes a las grandes partidas de ingresos del Estado daría un total del unos 34.000 millones de euros provenientes de las aportaciones fiscales de los inmigrantes. Evidentemente, esta cifra es una aproximación, ya que los inmigrantes pueden tributar por otros impuestos (IAE, IBI, ISD, etc.), pero para el caso de un inmigrante estándar, que raramente posee vivienda en propiedad, no trasmite herencias abundantes y no es titular sino de una pyme (unos 500.000 extranjeros son autónomos), la cuantía de esos impuestos es con toda probabilidad muy discreta. Añadamos si acaso otros mil millones de tributación por esos conceptos para redondear la anterior cifra de aportaciones de los inmigrantes en los 35.000 millones de euros al año.
Y ahora confrontemos esos 35.000 millones de ingreso con el gasto aproximado que los inmigrantes repercuten, de manera general, en las cuentas del Estado. Más arriba estimamos en unos 6.300 millones de euros su gasto educativo y en unos 15.400 millones su gasto sanitario. UGT cifra en un 1% del presupuesto de la Seguridad Social su gasto, así que sumemos otros 1.400 millones de euros al gasto total (140.000 * 0,1), dando como resultado entonces poco más de 23.000 millones de euros.
Pero a esta última cifra habría que añadirle el importe del Ingreso Mínimo Vital, que es una prestación de la Seguridad Social que hay que computar aparte de las de contingencias comunes y que en 2025 se establece en casi 8.000 euros por persona y año. Y como se estima que un 17% de la población inmigrante lo recibe (unas 600.000 personas en 2025, según el Ministerio competente), entonces 8.000 * 600.000 = 4.800 millones de euros, a sumar a los anteriores 23.000 millones de gasto arriba computados. Y a esta cantidad habría que sumar asimismo el importe de las Rentas Mínimas de Inserción que conceden las Comunidades Autónomas, que en 2023 (Informe del Ministerio de Derechos Sociales, etc.) alcanzaron casi 1.200 millones de euros y que en casi un 30% se destinaron a personas inmigrantes, de manera que añadirían otros 400 millones de euros al gasto. La suma total del gasto público de los inmigrantes se podría estimar en unos 28.000 millones de euros.
Por consiguiente, confrontando el ingreso al Estado que procuran los inmigrantes con el gasto que le causan, el saldo es positivo en unos 7.000 millones de euros (35.000 – 28.000 = 7.000) y este resultado contable parecería dar la razón a quienes opinan que la inmigración, amén de otros efectos presuntamente apreciables (rejuvenecimiento demográfico, enriquecimiento cultural, frescura ideológica, etc.), es en España un fenómeno económicamente beneficioso, ya que su balanza fiscal arroja un valor positivo. Sin embargo …
Sin embargo, la anterior semblanza económica es de carácter transversal, es decir, contemplada en el corto plazo, propia de una subpoblación muy mayoritariamente joven, que, aunque ofrece aportaciones económicas discretas, por sus en general bajos salarios y modestas cotizaciones y tributaciones, genera poco gasto sanitario y pequeño gasto en pensiones en términos relativos. Pero hay que tener en cuenta (y nunca mejor dicho lo de “en cuenta”) que una vez que esta tan considerable masa de trabajadores, autónomos y residentes dependientes pase los suficientes años en nuestro país para tener derecho a una pensión contributiva (al menos 15 años cotizados a la Seguridad Social) o pueda disfrutar de una no contributiva (jubilación sin cotización suficiente, invalidez, etc.) o envejezca y provoque alto gasto sanitario, su volumen de gasto social va a crecer de manera muy importante, especialmente si como declara una amplia mayoría (como hizo por ejemplo en la Encuesta Regional de Inmigración de la Comunidad de Madrid de 2016), que puede alcanzar los 2/3 del total, decide quedarse a vivir para siempre en España. En este supuesto probable, las cuentas favorables que acabamos de ver más arriba quedan en entredicho.
En algunos países, como Dinamarca o Países Bajos, se han llevado a cabo estudios de carácter longitudinal para determinar el auténtico balance fiscal que presenta la inmigración cuando se toma en consideración toda la historia de vida de un inmigrante estándar. Y los resultados ya no son tan positivos como los que parecían ofrecer nuestras cuentas anteriores. En el gráfico siguiente, referido al saldo fiscal de los inmigrantes, de diversos tipos, y de los autóctonos en Dinamarca, se observa que cuando se tiene en cuenta la historia de vida fiscal completa de esos grupos los saldos fiscales de los primeros distan mucho de ser positivos:
Como vemos, en el gráfico se comparan las contribuciones netas al presupuesto público danés de distintos grupos socioeconómicos. Todos los grupos presentan saldos negativos hasta aproximadamente los 25 años de edad y a partir de los 70 años, pero mientras que los autóctonos ofrecen un saldo positivo entre los 25 y los 70 años, así como los inmigrantes occidentales (aunque la contribución de estos es algo menor que la de los autóctonos), los inmigrantes no occidentales no solo ofrecen una contribución neta menor que estos dos grupos citados, sino que dejan de presentar una contribución positiva unos diez años antes que ellos (a partir de los sesenta años). Y en el caso de los inmigrantes de África del Norte y Oriente Medio su contribución es siempre negativa. Es decir, que el saldo fiscal de los daneses de origen y los inmigrantes occidentales es positivo, pero el del resto de los inmigrantes es negativo (y si son del grupo de África y Oriente Medio su saldo fiscal es siempre negativo, a cualquier edad).
Complementariamente, también puede verse el siguiente gráfico publicado en 2024 en el Financial Times, con datos OCDE, en el que se muestran las ratios contributivas de la inmigración en varios países y que permiten concluir que el saldo fiscal, salvo en algunos países anglosajones (con inmigración mayoritariamente cualificada y con un Estado del Bienestar más bien reducido), donde el saldo es eventualmente positivo.
En realidad, la conclusión general de que la inmigración en los países occidentales arroja un saldo fiscal neto negativo cuando se considera la historia de vida total de los inmigrantes no debería extrañar a nadie. Como la inmensa mayoría de los inmigrantes se ocupan en trabajos de baja cualificación y escaso valor añadido, debido a que los autóctonos huyen de ocuparse en ellos (en parte debido a que disfrutan de unos recursos económicos, por sí o por su familia, que se lo permiten, en parte porque las distintas prestaciones del Estado Benefactor les cubren buena parte de sus necesidades básicas), su nivel de renta no produce el suficiente rédito social (a través de cotizaciones e impuestos) como para sufragar todas las prestaciones que reciben del Estado a lo largo de una vida completa. Es decir, como sucede con los autóctonos ubicados en la parte baja de la estructura socioeconómica del país. En un sistema de bienestar típico, son las clases medias y altas las que compensan con sus distintas aportaciones económicas el déficit contributivo de las clases inferiores, permitiendo que los individuos que pertenecen a estas clases reciban unas prestaciones cuyos costes no podrían asumir si de sus meros rendimientos económicos dependiesen. Y este generalizado fenómeno socioecónomico también se produce en nuestro país.
En España hay (INE, 2023) unos 12,5 millones de personas en hogares que reciben una denominada “renta baja”, unos 12 millones que reciben una renta media-baja, otros 12 millones que la reciben media-alta y otros 12 que la reciben alta, entendiéndose por “baja” una renta bruta de hasta unos 1.300 euros/mes, por “media-baja” una renta de entre 1.300 y 2.400 euros/mes, por “media-alta” una renta entre 2.400 y 3.600/mes y por renta “alta” la que supera esta última cantidad (todo ello calculado sobre la “mediana de ingresos”: las rentas bajas, por ejemplo, son las situadas por debajo del 75% de esa mediana). O sea, que hay como poco veinte millones de personas cuyas rentas las hacen perceptoras netas del sistema de bienestar social, a juzgar por la cuantía de sus cotizaciones a la Seguridad Social y de los impuestos que satisfacen (unos 13 millones de liquidaciones de la renta por IRPF están por debajo de los 20.000 euros/año: Agencia Tributaria, 2025). Y la gran mayoría de los inmigrantes, como sabemos, están englobados en esos grupos de rentas bajas y medias-bajas, como tantos autóctonos que, gracias al sistema de reparto, perciben una pensión contributiva del 75%-80% del último salario cobrado cuando se jubilan, o que pueden escolarizar a sus hijos durante doce o quince años o que pueden recibir una asistencia médica ilimitada cuando lo precisan.
En definitiva, la inmigración en España es un hecho económico positivo (más bien módicamente) para el conjunto de la sociedad mientras se produzca en los términos actuales, en los que su gasto educativo es moderado, su gasto sanitario es reducido y su coste a las arcas públicas no incluya las pensiones de jubilación ni el gasto social y sanitario que comporta una dilatada vejez. La contribución económica de los inmigrantes en concepto de dinamización del consumo es discreta (especialmente si se tiene en cuenta que exportan rentas en una cantidad muy considerable), pero su aportación al PIB es significativa (debe de estar en torno al 8-10% del PIB, aunque impulsan su crecimiento en un 25% del total: Banco de España, 2025). También supone un beneficio, al menos a corto/medio plazo, para sus empleadores, que los pueden contratar a precios más bajos que los que deberían pagar a los autóctonos en ausencia de inmigrantes, si bien este hecho repercute negativamente en el mercado salarial (probablemente en términos generales, por sus efectos expansivos contaminantes) y no sabemos bien si los mayores excedentes empresariales se reinvierten proporcionalmente en la economía, el empleo y los salarios, compensando el daño en el precio del factor trabajo (el estancamiento de los salarios reales desde hace más de 20 años en nuestro país no parece abonar esa tesis). Las prestaciones por desempleo abonadas a los parados autóctonos, además de otras ayudas, debidas a su expulsión del mercado laboral por la aminoración de los salarios en sectores de bajo valor añadido, son otro elemento negativo que hay que considerar a la hora de sacar la cuenta final del saldo económico de la inmigración.
Concluyendo, si la inmigración constituye un fenómeno temporal, por el que varios millones de personas llegan al país a trabajar, dinamizando el consumo, aumentando los márgenes empresariales, incrementando la masa de cotizaciones a la Seguridad Social, comportando un gasto educativo y sanitario modesto, y después de estar aquí unos años (siempre menos de quince) regresan a sus países o se marchan a cualquier otra parte, el saldo fiscal que presenta probablemente es positivo para el conjunto de la sociedad: aporta más de lo que cuesta (otra cosa es su impacto en otros órdenes, como el cultural o el político, pero de esto no nos ocupamos ahora). De otro modo, es un parche socioeconómico que solamente retrasará la descomunal crisis fiscal que nos acecha, para hacerla aún más grave cuando todos esos millones de personas generen los derechos de pensión correspondientes e incrementen mayúsculamente el gasto en cuidados de personas mayores. Porque tal vez entonces no exista la posibilidad de recibir la suficiente cantidad de personas pobres de otras geografías para explotarlas económicamente y encargarles los trabajos desagradables que no queremos hacer. En ese momento, la gente se percatará de que esta tan copiosa como aparentemente inofensiva inmigración no sale a cuenta. Pero ya será tarde …
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